La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, ha destacado hoy en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado los avances en vertebración logrados desde la promulgación de la ley de mejora de la cadena, que servirá de base a un reglamento para la UE.
En su intervención en el Senado, García ha subrayado que la ley de mejora de la cadena alimentaria de 2013 fue "una iniciativa sin precedentes", tanto en España como en la Unión Europea (UE), que abunda en "cambios estructurales" como la contractualización.
Ha apuntado que las medidas para reequilibrar las fuerzas en la cadena y la posición negociadora de los productores requieren de tiempo, ya que deben completarse con actuaciones en favor de la integración y de la transparencia en las relaciones comerciales.
En respuesta al senador Carles Mulet (Compromís, Grupo Mixto), la secretaria de Estado ha asegurado que, a día de hoy, los agricultores y ganaderos hacen sus entregas con un contrato por escrito en el que figura el precio y la fecha de pago gracias a esta ley, que acaba con prácticas del pasado como la modificación unilateral de las condiciones pactadas.
En este sentido, ha recordado, que la Comisión Europea tiene previsto presentar en abril una propuesta legislativa contra las prácticas desleales en la cadena en el ámbito comunitario, que se servirá especialmente de la experiencia y la normativa española.
Además, ha remarcado la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para vigilar las relaciones comerciales, garantizar la transparencia y proponer sanciones en caso de incumplimientos, cuyos resultados, según ha afirmado, han sido bien valorados por las organizaciones de productores.
De igual forma, ha recordado el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria acordado la pasada legislatura entre el Gobierno, productores, industria y distribución, que fomenta la autorregulación en las relaciones comerciales.
Junto a la ley de mejora de la cadena de valor, la secretaria de Estado ha resaltado los avances en vertebración de los productores a través de la integración cooperativa -impulsada por una ley que favorece las fusiones de operadores de ámbito supraautonómico-, las interprofesionales y las organizaciones de productores.
Iniciativas todas ellas que ha contribuido, en su opinión, a consolidar un sector "potente" en España, donde crece la renta agraria y no dejan de mejorar las cifras de las exportaciones agroalimentarias y el saldo comercial.
En la pregunta parlamentaria, el senador Mulet denunciaba que los precios de los alimentos se han ido incrementado de forma progresiva en beneficio de industrias y distribución, pero "a costa" del consumidor y de los agricultores y ganaderos, un problema frente al que el a su juicio Gobierno "no hace nada".
Ha lamentado, especialmente, que no se recurra a "ayudas de minimis" para los cunicultores que soportan precios por debajo de los costes de producción desde hace varios años.
En este contexto, ha señalado que, según sus datos, los agricultores perciben sólo 50 céntimos por el kilo de tomate de ensalada, 60 céntimos por el de pimiento o el calabacín, 95 céntimos por la lechuga o 28 por un kilo de naranjas, cuando el consumidor paga más de 2 euros para adquirirlos en el supermercado.
En su intervención en el Senado, García ha subrayado que la ley de mejora de la cadena alimentaria de 2013 fue "una iniciativa sin precedentes", tanto en España como en la Unión Europea (UE), que abunda en "cambios estructurales" como la contractualización.
Ha apuntado que las medidas para reequilibrar las fuerzas en la cadena y la posición negociadora de los productores requieren de tiempo, ya que deben completarse con actuaciones en favor de la integración y de la transparencia en las relaciones comerciales.
En respuesta al senador Carles Mulet (Compromís, Grupo Mixto), la secretaria de Estado ha asegurado que, a día de hoy, los agricultores y ganaderos hacen sus entregas con un contrato por escrito en el que figura el precio y la fecha de pago gracias a esta ley, que acaba con prácticas del pasado como la modificación unilateral de las condiciones pactadas.
En este sentido, ha recordado, que la Comisión Europea tiene previsto presentar en abril una propuesta legislativa contra las prácticas desleales en la cadena en el ámbito comunitario, que se servirá especialmente de la experiencia y la normativa española.
Además, ha remarcado la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para vigilar las relaciones comerciales, garantizar la transparencia y proponer sanciones en caso de incumplimientos, cuyos resultados, según ha afirmado, han sido bien valorados por las organizaciones de productores.
De igual forma, ha recordado el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria acordado la pasada legislatura entre el Gobierno, productores, industria y distribución, que fomenta la autorregulación en las relaciones comerciales.
Junto a la ley de mejora de la cadena de valor, la secretaria de Estado ha resaltado los avances en vertebración de los productores a través de la integración cooperativa -impulsada por una ley que favorece las fusiones de operadores de ámbito supraautonómico-, las interprofesionales y las organizaciones de productores.
Iniciativas todas ellas que ha contribuido, en su opinión, a consolidar un sector "potente" en España, donde crece la renta agraria y no dejan de mejorar las cifras de las exportaciones agroalimentarias y el saldo comercial.
En la pregunta parlamentaria, el senador Mulet denunciaba que los precios de los alimentos se han ido incrementado de forma progresiva en beneficio de industrias y distribución, pero "a costa" del consumidor y de los agricultores y ganaderos, un problema frente al que el a su juicio Gobierno "no hace nada".
Ha lamentado, especialmente, que no se recurra a "ayudas de minimis" para los cunicultores que soportan precios por debajo de los costes de producción desde hace varios años.
En este contexto, ha señalado que, según sus datos, los agricultores perciben sólo 50 céntimos por el kilo de tomate de ensalada, 60 céntimos por el de pimiento o el calabacín, 95 céntimos por la lechuga o 28 por un kilo de naranjas, cuando el consumidor paga más de 2 euros para adquirirlos en el supermercado.
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