La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (Fesvet) se ha mostrado en contra de la creación de la figura del auxiliar oficial de la inspección veterinaria que el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón quiere crear a través de un decreto que está actualmente sometido a información pública.
El citado decreto remite al reglamento (CE) 2017/625 del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre Controles Oficiales, según el cual dichos controles en materia de seguridad alimentaria, bienestar y sanidad animal se realizan por "veterinarios oficiales", pero también pueden realizarse por un "auxiliar oficial".
El Departamento de Sanidad justifica la necesidad de crear esa figura ante "el contexto agroalimentario" en la región, "en especial el desarrollo de la actividad de los mataderos existentes y las previsiones de crecimiento en un futuro próximo".
El objetivo es que apoyen técnicamente a la Inspección Veterinaria y se permita de manera "sostenible, garantizar la correcta" ejecución del control oficial.
Desde Fesvet, su presidente, Juan Carlos Alonso, ha mostrado la oposición "frontal" de la organización a la creación de esta figura, que a su juicio causaría un "grave daño" a la calidad de la salud pública, además de "abrir una vía de fraude laboral".
En su opinión, estos auxiliares tendrán una formación "muy inferior" a la requerida para este tipo de trabajo.
En este sentido, ha recordado que la inspección en mataderos es un trabajo médico forense que requiere una "alta cualificación y una gran experiencia" para evitar la transmisión de enfermedades de los productos al hombre.
Por ello, ha exigido que estos puestos sean cubiertos por facultativos con unos conocimientos y experiencia superiores a los que posee la media de la profesión.
El decreto de Aragón "también abriría las puertas" a que las empresas privadas contraten otros profesionales que "no tienen competencias legales en la inspección de alimentos" de origen animal para hacer trabajos que corresponden al veterinario, con el consiguiente intrusismo laboral o que se contraten veterinarios en puestos de inferior categoría.
Según Alonso, la entrada de empresas privadas en el control en mataderos es "una vieja aspiración de los lobbys del sector cárnico privado que eludiría así, al menos en parte, el exhaustivo control del veterinario oficial".
Por todo ello, ha pedido que la comunidad de Aragón "dé marcha atrás" con este decreto.
El citado decreto remite al reglamento (CE) 2017/625 del Parlamento y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, sobre Controles Oficiales, según el cual dichos controles en materia de seguridad alimentaria, bienestar y sanidad animal se realizan por "veterinarios oficiales", pero también pueden realizarse por un "auxiliar oficial".
El Departamento de Sanidad justifica la necesidad de crear esa figura ante "el contexto agroalimentario" en la región, "en especial el desarrollo de la actividad de los mataderos existentes y las previsiones de crecimiento en un futuro próximo".
El objetivo es que apoyen técnicamente a la Inspección Veterinaria y se permita de manera "sostenible, garantizar la correcta" ejecución del control oficial.
Desde Fesvet, su presidente, Juan Carlos Alonso, ha mostrado la oposición "frontal" de la organización a la creación de esta figura, que a su juicio causaría un "grave daño" a la calidad de la salud pública, además de "abrir una vía de fraude laboral".
En su opinión, estos auxiliares tendrán una formación "muy inferior" a la requerida para este tipo de trabajo.
En este sentido, ha recordado que la inspección en mataderos es un trabajo médico forense que requiere una "alta cualificación y una gran experiencia" para evitar la transmisión de enfermedades de los productos al hombre.
Por ello, ha exigido que estos puestos sean cubiertos por facultativos con unos conocimientos y experiencia superiores a los que posee la media de la profesión.
El decreto de Aragón "también abriría las puertas" a que las empresas privadas contraten otros profesionales que "no tienen competencias legales en la inspección de alimentos" de origen animal para hacer trabajos que corresponden al veterinario, con el consiguiente intrusismo laboral o que se contraten veterinarios en puestos de inferior categoría.
Según Alonso, la entrada de empresas privadas en el control en mataderos es "una vieja aspiración de los lobbys del sector cárnico privado que eludiría así, al menos en parte, el exhaustivo control del veterinario oficial".
Por todo ello, ha pedido que la comunidad de Aragón "dé marcha atrás" con este decreto.
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